La decisión del presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, de vetar la ley para despenalizar el aborto, pese a que había logrado la aprobación del Congreso y del Senado de su país, echa por tierra las esperanzas de los movimientos sociales y de mujeres, no sólo uruguayas sino también del resto de América Latina, que confiaban en que este pequeño y moderno país fuera capaz de abrir una brecha en la monolítica posició antiabortista de casi todos los Gobiernos de la región.

Aun así, Tabaré Vázquez, que se ha escudado en su condición de médico oncólogo, ha decidido que se siga enviando a la cárcel a las mujeres que abortan y a quienes les presten ayuda. Según datos oficiales, en Uruguay (un país con poco más de 3 millones de habitantes) se realizan al menos 33.000 abortos clandestinos al año, según el Centro de Comunicación e Información de la Mujer (Cimac). La ley en vigor sólo autoriza la interrupción del embarazo en caso de violación o de inmediato riesgo para la madre.